México no se queda atrás: si la violencia del narcotráfico ha acumulado una cifra oficial de 70 mil muertos en los seis años del gobierno de Felipe Calderón Hinojosa --una media de 11.6 mil por año--, el consumo legal de alcohol acumula en promedio anual 30 mil muertes y el consumo legal de tabaco registra en promedio anual 60 mil fallecidos.

Y a ello se agregan los fallecidos por consumo de drogas, aunque la cifra oficial de la Secretaría de Salud más importante es otra: cada año mueren en México 24 mil personas por accidentes viales asociados a la droga.

Y como dato adicional, en los Estados Unidos existe un crimen organizado alrededor de la producción y venta de tabaco y alcohol ilegal que en sí mismo no causa muertes violentas pero sí ayuda a aumentar las muertes por consumo de productos adulterados.

Por tanto, la legalización en México de las drogas ilícitas --marihuana, cocaína, heroína y anfetaminas-- llevaría a más muertos “legales” que la lucha oficial en contra de las bandas criminales. A las cifras anteriores hay que añadir los cientos de miles de millones de pesos que debe dedicar el gobierno para la atención de adicciones y los costos derivados del consumo, además de las costosísimas campañas para desalentar el consumo sin lograr una disminución sensible en el consumo de tabaco y alcohol.

El dilema de los gobiernos radica no tanto en legalizar las drogas para bajar la violencia aunque suba el consumo y se conviertan en problemas casi de pandemia o combatir a las bandas criminales, sino en decidir entre la violencia o el consumo, los dos con altos costos sociales. La salida estadunidense de legalizar el consumo de alcohol a la larga fue mucho más dañina en términos de afectación de la sociedad mayoritaria y del efecto nocivo en el consumo de alcohol en adolescentes de entre 12 y 18 años de edad.

En los EU ocurrió en los años veinte el mismo fenómeno político que en México en la actualidad: la violencia derivada del consumo de alcohol fue mayor en función del alto grado de corrupción de las policías y los políticos y su asociación delictuosa con los capos. El delincuente Al Capone mantuvo su poder mientras controlaba a las policías y se cobijaba en las leyes que servían más a los mafiosos que a la sociedad y fue encarcelado cuando el Estado decidió poner fin a su reinado a través de una investigación de evasión de impuestos.

El principal argumento de los promotores de la legalización de las drogas en México radica en el argumento de que bajaría la violencia, aunque sin explicar el tema del aumento en el consumo sobre todo entre jóvenes menores a 18 años que por las prohibiciones naturales quedarían atrapados en las mafias de los mercados negros que abastecen a las franjas de consumidores que existen con o sin legalización.

Del lado contrario, los promotores de la legalización esgrimen la lógica criminal de que más vale contemporizar que combatir y en su formación progresista se ajustan a la lógica neoliberal del mercado y se han olvidado de la función del Estado de proteger a la sociedad de los males, sobre todo ante las evidencias de que las drogas legales e ilegales causan más muertes que la violencia de los cárteles.

Al final, el Estado debe redefinir sus prioridades: combatir la delincuencia o sacrificar a la sociedad por la incompetencia de las autoridades en la lucha contra los cárteles de la violencia. No hay otro camino.